La subdelegada pide en Mariñán que denunciar se haga «con garantías»
La subdelegada del Gobierno en A Coruña, Encarna Rodríguez, y la alcaldesa de Bergondo, Alejandra Pérez, abrieron este jueves en el pazo de Mariñán una jornada de formación para profesionales sobre los aspectos judiciales de las violencias sexuales.
El pazo de Mariñán, en Bergondo, acogió este jueves una jornada formativa sobre los aspectos judiciales de las violencias sexuales. La inauguraron la subdelegada del Gobierno en A Coruña, Encarna Rodríguez, y la alcaldesa de Bergondo, Alejandra Pérez. La jornada, «Violencias sexuales. Aspectos judiciales», iba dirigida a profesionales, según el cartel proyectado en la sala.
Una vulneración de los derechos humanos
Rodríguez definió la violencia contra las mujeres como una vulneración de los derechos humanos, de la libertad y de la igualdad, y defendió que combatirla pide una respuesta firme, coordinada y mantenida en el tiempo. «Esixe prevención, educación, sensibilización, protección das vítimas e unha resposta institucional que estea á altura da gravidade dos feitos», dijo.
La subdelegada repasó el trabajo del Gobierno de España para reforzar el marco legal y ampliar los recursos de atención y protección. Puso como ejemplo la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que incorporó más atención a la violencia vicaria, a la económica y a la digital y reforzó la respuesta ante las violencias sexuales. Pidió además que esos avances en las normas se traduzcan en protección efectiva, recursos accesibles y más garantías para todas las mujeres, vivan donde vivan y sea cual sea su situación personal.

La formación de quien atiende a las víctimas
El eje de su intervención fue la preparación de los profesionales que intervienen en la atención, la investigación y la justicia. «A forma de recibir unha denuncia, de escoitar unha vítima, de valorar o seu testemuño ou de desenvolver unha investigación pode marcar profundamente o seu percorrido xudicial e persoal», advirtió.
Rodríguez defendió una atención que evite que las víctimas tengan que revivir sin necesidad el sufrimiento a lo largo del procedimiento. «Non abonda con que unha muller teña dereito a denunciar. Ten que poder facelo con garantías, sentirse escoitada, recibir protección e confiar en que as institucións van estar á altura», afirmó. Recordó también que las menores de edad y las mujeres con discapacidad pueden encontrar barreras añadidas para identificar, contar o denunciar la violencia.
Para terminar, reclamó la colaboración entre administraciones, fuerzas y cuerpos de seguridad, órganos judiciales, servicios sociales, sanidad y entidades especializadas, que consideró imprescindible para dar una respuesta integral.
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